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Por Robbie Clark
En los Estados Unidos más de 3.5 millones de personas carecen de hogar y otros 6 millones están a punto de quedarse sin hogar, pagando más de la mitad de sus ingresos en renta y luchando para sobrevivir. La necesidad de viviendas accesibles y económicas es evidente, desde las decenas de miles de residentes en Atlanta que solicitaron estar en la lista de espera de Sección 8, hasta los 55,000 que en enero solicitaron registrarse en la lista de espera de Sección 8 en Oakland. En San Francisco, se calcúla que en la lista de espera para vivienda publica y Sección 8 combinada hay un total de 40,000 hogares.
Al mismo tiempo, millones de hogares a través del país están vacíos debido a la crisis de embrago. Las familias de clase trabajadora y comunidades de bajos recursos han sido obligadas a soportar el peso de la crisis económica.
Comunidades Afro-Americanas y Latinas han sido desproporcionadamente afectadas por la crisis de embargos con tasas de desempleo comparadas a la época de la depresión. Además, el gobierno insiste en aprobar políticas que elimina los recursos de servicios para el pueblo, bloqueando la creación de empleos, y entregando a grandes bancos y corporaciones millones de dólares ganados mediante a los impuestos del pueblo.
>A nivel local, hemos visto un aumento considerable de los desalojos durante el último año. En el condado de Alameda, el departamento del jefe de policía hizo un vídeo sobre el aumento de los desalojos en el año 2007. Desalojos en el condado están a 500 o más por mes y el número sigue subiendo.
En Causa Justa:: Just Cause, hemos visto un aumento constante en el número de personas que pasan por nuestras puertas con órdenes de citación judicial o anuncios de “pagar o desocupar” sus residencia. Cerca de la mitad de personas que hemos visto en nuestras oficinas en el último año llegaron con un aviso de desalojo.
Los casos de desalojos más recientes han resultado de pérdidas de ingresos por falta de empleo y recortes en la asistencia pública. Muchas veces, las personas son desalojadas sin saberlo hasta que un sheriff se presenta en su puerta. A veces, la barrera de no saber el idioma impide que el inquilino pueda leer un orden de citación judicial. En otras ocasiones los propietarios no siguen los procedimientos legales para el desalojo, y la mayoría de las veces los bancos deliberadamente ignorar las leyes que protegen a los inquilinos. El proceso de desalojo es el procedimiento de corte civil mas rápido- un inquilino puede perder una citación judicial en solo cinco días! Las leyes actuales para desalojo dicen que un inquilinos que debe renta tiene 3 días para pagarla, o estará obligados a irse de su hogar. Tres días es un plazo de tiempo muy corto para explorar opciones de pago, y frecuentemente el desalojo se lleva a cabo sin darles a familias suficiente tiempo para juntar los recursos necesarios para permanecer en sus hogares. Esto es extremadamente injusto, y en el momento de crisis que estamos viviendo, inmoral e inaceptable.
El asambleísta del estado, Tom Ammiano (San Francisco) propuso una legislación a principios de este año, AB 265, para hablar de este asunto crítico. Cuando pase, AB 265 extendería el plazo de tiempo para “pagar o desocupar” de 3 días período de pago a 14 días. Esta política toma en consideración el clima económico y el impacto desproporcionado que la crisis tiene sobre los inquilinos. En términos generales, ser inquilino lo pone en una situación vulnerable con pocos recursos para las injusticias que enfrentamos. En este momento, si un inquilino es desalojado ilegalmente, no podría reclamar sus daños ante una corte. Debido a tantos desalojos ilegales, hay otra legislación que podría cambiar este hecho. La legislación, AB 934 les daría a los inquilinos el derecho de demandar después de un desalojo ilegal. La mayoría de los desalojos llevados a cabo por los bancos que se convirtieron en propietarios a través de embargos son ilegales. AB 934 fue escrito por el asambleísta Mike Feuer (Los Angeles) y se esta moviendo a comité ahorra.
A lo largo de la primavera los miembros de Casa Justa, apoyantes y aliados estarán organizándose a través del estado para apoyar estas legislación, mientras luchando para extender la protección de los inquilinos a nivel local. Necesitamos que se unan a nuestra lucha. Juntos lo lograremos. Llame a Robbie Clark al (510) 763-5877 extensión 404
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